Con el alma y la mente sensibilizadas… Así quedamos muchos de los asistentes al congreso internacional sobre tortura y tratos degradantes que el Ministerio Público de la Defensa organizó el jueves y viernes pasados en la Biblioteca Nacional. La conmoción habrá sido mayor entre los legos en la materia, porque por primera vez nos asomamos a una realidad sospechada, apenas sugerida en algunos medios de comunicación, pero sólo confirmable en un encuentro capaz de reunir a referentes de variadas disciplinas, con el propósito de abordar los diversos aspectos de una problemática tan compleja como silenciada.

Eva Giberti, Eugenio Raúl Zaffaroni, Daniel Rafecas, Felipe Pigna, Jorge Taiana, Guido Carlotto, Horacio Cecchi son los nombres más reconocibles en la lista de panelistas que contribuyeron al objetivo principal del evento: visibilizar las distintas formas de violencia institucional y denunciarlas como pesadísima herencia del pasado (reciente y lejano, autóctono y vinculado con la historia de la civilización occidental). La participación de estas siete figuras resultó fundamental no sólo en términos de convocatoria (tengamos en cuenta que la tortura y sus derivados distan de ser un ítem prioritario en la agenda ciudadana) sino porque todos ellos probaron que el tema es irreductible a las consideraciones técnicas del Derecho: en efecto, terminamos de entenderlo mejor a la luz de la psicología, la Historia, el pensamiento filosófico, el periodismo, la experiencia de la función pública.

«No hay tema más importante que éste porque es la gran deuda del Estado de derecho» sostuvo Rafecas apenas tomó la palabra en el panel ‘Tortura y dictadura’, que inauguró la segunda jornada del congreso. De esta manera convalidó las palabras de su predecesora en la exposición -Ana Orbelín, abogada de ex detenidas desaparecidas- que subrayó la importancia de los juicios contra los represores del Proceso porque «permiten discutir cuánto del pasado tiene nuestro presente».

Rafecas se detuvo especialmente en el concepto de ‘tortura ubicua’, «fundamental para las imputaciones de todos los que se desempeñaron en los centros clandestinos»: desde los verdugos hasta los altos mandos, pasando por el personal a cargo de tareas administrativas como la confección de listas y de presupuestos asociados a la logística de secuestro, reclusión y traslado. En este punto, el juez federal advirtió sobre la existencia de una «estructura represiva» con distintos estamentos cuya visibilización falta precisar.

«La tortura es el corazón de las investigaciones judiciales», agregó para luego anunciar: «todos los autores van a ser alcanzados».

A la convivencia entre pasado y presente también se refirió el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, en el panel ‘Experiencias de prevención de la tortura’. El funcionario consideró que la mejor estrategia -sino la única- para erradicar definitivamente la práctica de la tortura en nuestro país consiste en «intervenir de manera directa en la formación académica de las fuerzas de seguridad, por ejemplo en incluir una materia sobre Derechos Humanos que sea obligatoria, anual (cada año de la carrera), y tan importante como lengua y matemáticas».

El hijo de Estela insistió en la necesidad de contar con una «firme decisión política» para llevar adelante esta iniciativa, una voluntad similar a la que en 2012 impulsó la creación de una Comisión Interministerial para la Prevención de la Tortura en la provincia que gobierna Daniel Scioli.

«Cada vez que se tortura, atrasamos 200 años» es la consigna de la Campaña Nacional contra la Tortura, que el Ministerio Público de la Defensa lanzó en marzo pasado, en el marco del bicentenario de la Asamblea del Año XIII, y que se extenderá hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Entre otras actividades, la iniciativa incluye la presentación del «Congreso internacional sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes» que se realizará el jueves 6 y el viernes 7 de junio en la Biblioteca Nacional.  

La Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto serán las encargadas de inaugurar esta doble jornada, cuyo programa completo figura aquí. Los aspectos culturales, sociológicos, históricos de la tortura; su ejercicio en tiempos de dictadura y democracia; el fenómeno de judicialización; las distintas experiencias en materia de prevención; las obligaciones de los Estados ante esta problemática son los principales temas prometidos.

Entre los panelistas convocados, figuran especialistas de Naciones Unidas (por ejemplo el relator Juan Méndez), el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Alberto Pérez Pérez, el ex canciller y actual Director General del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín Jorge Taiana, el juez Daniel Rafecas, el director de legislación y políticas de Amnistía Internacional Mike Bochenek, la coordinadora del programa «Las víctimas contra las violencias» Eva Giberti, el historiador Felipe Pigna, el penalista y miembro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.

El periodista Horacio Cecchi también participará de uno de los paneles. Vale la pena repasar sus uno/dos artículos sobre el lanzamiento de la campaña. Los textos subrayan la intención de reconocer -y combatir- la tortura no sólo como método interrogatorio sino como instrumento de disciplinamiento en cárceles, comisarías, psiquiátricos, institutos de menores, antes en dependencias del servicio militar obligatorio: en síntesis, «en todas las instituciones cerradas, donde hay un desequilibrio de poder básico» según palabras de Taiana.

La animosidad mediática contra Eugenio Raúl Zaffaroni se renovó esta mañana a partir de las declaraciones que el ministro de la Corte Suprema de Justicia hizo anoche ante el canal de noticias CN23 (aquí una síntesis). Además de referirse a los distintos tipos de presión ejercidos sobre la Justicia y a la consigna presidencial de democratizarla, el penalista señaló su desacuerdo con el comunicado de prensa que el mismo Tribunal Superior difundió -también ayer- a raíz del fallo por el caso Verón. Esta última aparición televisiva provocó una serie de reacciones periodísticas que enriquecen o diversifican la intención difamatoria de siempre, hace unos días en boca de Lilita Carrió vía Desde el llano.

La santa indignación que Magdalena Ruiz Guiñazú expresó esta mañana en su programa de radio es la versión más epidérmica de la mencionada animosidad. La conductora leyó parte del cable de la agencia DyN que transcribió fragmentos de la intervención catódica. Se detuvo en dos pasajes: «No creo que la Corte Suprema tenga que manejarse con comunicados. Ya nos ha pasado muchas veces y hemos tenido problemas. Yo no suscribo comunicados» y «Estamos preocupados por todos los delitos, no es necesario decirlo. Se supone que nuestra función es que nos preocupen todos los delitos.

Tras celebrar el pronunciamiento de la CSJN, Magdalena criticó los reparos de Zaffaroni. Se aferró a la expresión «preocupados por todos los delitos» para proclamar que no todos los delitos son iguales: «no se puede comparar la trata con un robo», explicó. De esta manera, protestó contra la supuesta liviandad de Zaffaroni y dejó picando una pelota que su co-equiper Edgardo Alfano pateó con ganas cuando recordó el antecedente de los burdeles: la denuncia del alquiler de departamentos de su propiedad a proxenetas y/o prostitutas explicaría la conveniente tibieza del penalista.

[Nota mental: menos mal que Susana Trimarco opina diferente.]

Por su parte, Carlos Pagni publicó hoy en La Nación este artículo de opinión que aborda la tensión entre los Poderes Ejecutivo y Judicial por el polémico artículo 161 de la Ley de Medios. Aunque básicamente se propone denunciar por enésima vez el «espíritu de venganza» que se esconde detrás de cada reforma (o intención de reforma) gubernamental, el texto le concede a Don Raúl un espacio privilegiado no sólo en el título «Zaffaroni versus Zaffaroni», sino en la introducción de la extensa nota.