Imaginemos un prototipo de ciudadano francés interesado en la actualidad internacional, y particularmente en los avatares del ejercicio periodístico en territorio extranjero. Imaginémoslo atento a la discusión sobre el rol de la prensa y los medios de comunicación en Venezuela, Ecuador, Argentina. Imaginemos que, de este último país, le llama poderosamente la atención el enfrentamiento político y legal en torno a una nueva Ley de Medios

Ahora imaginemos que este prototipo galo tiene efectivamente un correlato de carne y hueso en la Francia real, y preguntémonos cuál de los siguientes dos artículos el susodicho preferirá leer en su diario de cabecera: ¿el retrato de un periodista-estrella especializado en desnudar las mentiras del gobierno de turno, o la crónica de la intentona judicial que un multimedios encargó para demandar penalmente a periodistas críticos de dicha corporación?

En otras palabras, ¿qué es más inédito o curioso para la mentalidad francesa que presumimos lúcida e inquieta: la versión argentina (más bien porteña) de oootro periodista justiciero que se proclama a favor de la democracia y en contra del autoritarismo, o la ocurrencia de un pulpo mediático de iniciar acciones legales contra periodistas empleados de un canal -en algunos casos de un diario- cuya línea editorial es diametralmente opuesta?

Entre una semblanza previsible por donde se la mire y la crónica de un sainete jurídico-mediático con pasos de comedia sin precedentes (por un lado, la difusión de un comunicado que pretende aclarar los tantos entre acusación penal y convocatoria a testigos y, por el otro, la posterior anulación de dicha convocatoria), Le Monde elige la primera propuesta, probablemente porque entiende que una pintoresca reedición de Tintín seduce más a su -también prototípico- lector. De ahí que, justo antes de que aquí tomara estado público la presentación penal del Grupo Clarín contra Roberto Caballero, Javier Vicente, Sandra Russo, Nora Veiras, Orlando Barone y Edgardo Mocca, allá el diario francés publicó -el viernes pasado, en su sección Internacional- el artículo «Jorge Lanata, el toro salvaje del periodismo argentino«.

Informe sobre las Estadísticas Judiciales de Homicidios Dolosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los Departamentos Judiciales de La Plata y San Martín. Año 2011. Así se titula el trabajo que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni presentó ayer al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la sala José B. Gorostiaga del Palacio de Tribunales. Al principio escoltado y anunciado por el presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, el también autor de La cuestión criminal, Crímenes de masas y La Pachamama y el humano explicó el alcance de este segundo paso en materia de criminología de campo en nuestro país (el primero, más acotado, fue dado exactamente un año atrás).

El Instituto de Investigaciones de la misma Corte Suprema volvió a encargarse del estudio exploratorio de homicidos dolosos cometidos en nuestra ciudad, y ahora también en los departamentos judiciales de La Plata y San Martín. En comparación con la edición anterior, ésta cuenta con un respaldo institucional mucho más grande: por un lado forma parte del Convenio Marco que la Corte firmó junto con los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación (Acordada 16/2012); por otro lado consiguió el aval explícito del mencionado Lorenzetti cuyas palabras introductorias figuran a continuación.

El Poder Judicial necesita reflexionar sobre lo que está haciendo especialmente en el área criminal, un tema del que se habla mucho y de altísima sensibilidad… Hoy se muestra una metodología de campo hecha con pocos recursos pero con mucha buena voluntad y entusiasmo. Además de presentar un modelo analítico, estamos enviando una señal a los demás poderes del Estado sobre la importancia del trabajo en equipo».

Zaffaroni, por su parte, celebró que la Argentina por fin empiece a hacer criminología de campo. Aunque admitió que «ésta es una investigación pobre, reducida, limitada», la consideró una instancia fundamental para comenzar a identificar características y causas del delito y, a partir de este conocimiento científico, definir las políticas tendientes a reducirlo.

«No estamos haciendo estadísticas -explicó- recolectamos datos de interés criminológico con intención preventiva, como en los países centrales». Así, el penalista insistió en priorizar la prevención por encima de la represión.

Foto extraída del Centro de Información Judicial (CIJ).

Don Raúl también aclaró que «las cifras de este informe no coinciden con las de otras agencias estatales». Por ejemplo, los números que maneja la Policía suelen ser inferiores porque ésta sólo contabiliza las muertes ocurridas en el momento de la denuncia. En otras palabras, las víctimas que fallecen días después pasan desapercibidas para los archivos de las comisarías.

Foto de InfoBAE.

Además de comentar el trabajo en líneas generales, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni analizó brevemente algunas cifras y porcentajes del informe sobre violencia homicida, que presentó ayer miércoles en el Palacio de Tribunales. A continuación, Espectadores transcribe una síntesis de esta parte de la exposición.

La Ciudad de Buenos Aires posee unos 2.9 millones de habitantes. En 2011 fueron asesinados 190, cifra que remite a una tasa de criminalidad de 6.57 por mil. Se trata de un índice bajo, que un aumento mínimo puede alterar notablemente.

La tendencia observada en el informe de 2010 se mantiene en 2011: una mayor incidencia de criminalidad en la denominada «medialuna sur» porteña, donde se concentran los barrios de emergencia. La tasa delictiva en esta zona azul según muestra el siguiente mapa es de 13.8 por mil, en contraste con el resto de la ciudad cuya tasa desciende a 2.68 por mil, similar a las registradas en Europa occidental y Canadá.

 

Sin embargo, la implementación -el 4 de julio de 2011, por parte del Ministerio de Seguridad- del denominado «Plan Unidad Cinturón Sur» provocó una disminución de los homicidios en la medialuna conflictiva, aunque también cierto desplazamiento del delito hacia la Comuna 9 (conformada por los barrios de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda).

«Warner Bros. entrega importante colección de cine nacional al INCAA» se titula la gacetilla que la agencia de prensa Personally distribuyó el viernes pasado y que diarios varios, medios especializados y sitios corporativos replicaron casi sin editar. El comunicado informa que la compañía de entretenimiento cedió películas argentinas producidas entre los años ’30 y ’90 al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, además de otorgar la licencia gratuita para la emisión de esos títulos en el canal INCAA TV. El texto afirma que la donación consta de unos cuatrocientos films en poder de Turner Internacional Argentina, empresa de Time Warner que programa, produce y distribuye contenidos para América Latina. En cambio, no explica porqué parte de nuestro patrimonio cinematográfico se encontraba en manos de la legendaria firma norteamericana.

Espectadores despuntó la respuesta tras hacerle una rápida consulta a Fernando Martín Peña, integrante de la Filmoteca Buenos Aires y recordado colaborador de Caloi en su tinta. «El material fue comprado por el fundador del canal Space en los ’90, pero después Space pasó por muchas manos hasta terminar en Turner. Por eso todos esos films estaban ahí», contó escuetamente en el marco de un intercambio de mails vía Facebook.

Información disponible en Internet ayuda a completar el panorama. Por un lado, uno/dos artículos de Clarín permiten reconstruir una primera venta de Imagen Satelital (empresa propietaria de Space entre otros canales de cable) al grupo venezolano Cisneros, e identificar el nombre que Peña no revela: Alberto González. Por otro lado, esta gacetilla publicada en Portal Publicitario confirma la adquisición final por parte de Turner Broadcasting System, momento en que cambiaron de manos las películas donadas el viernes.

Por si esto fuera poco, aquí figura el pequeño homenaje que La Nación le dedicó a González a propósito de su fallecimiento, once años atrás. El autor de la nota sostiene: «La nostalgia de sus comienzos lo había llevado a reunir un archivo de más de mil películas argentinas, entre ellas, todas las de los estudios Lumiton, SIDE y San Miguel, un patrimonio que, tras su venta a un consorcio extranjero, el país debe resguardar».