Lectura sugerida para las futuras autoridades del INCAA y de Cultura

Tres días antes de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar ayer en nuestro país, la Universidad Nacional de Avellaneda publicó este informe sobre la situación de las industrias culturales argentinas de 2015 a 2019. «Entre seis circuitos de exhibición y cinco empresas de distribución se concentra el 90 por ciento de la oferta de cine en la Argentina» sostiene Pablo Rovito en el capítulo donde analiza la evolución de la producción cinematográfica nacional en el período mencionado, a partir de la observación del mercado y de las políticas de fomento estatal.

En su exposición, el ex rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica retoma críticas que referentes individuales y colectivos del sector les hicieron a las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en el transcurso de los últimos cuatro años. Sobresale la observación –reiterada en comunicados y conferencias de prensa y entre los asistentes a manifestaciones públicas– sobre la depreciación de los valores correspondientes al costo medio de una película nacional y al tope máximo de subsidios a la producción cinematográfica.

Por si fuera necesario, Rovito recuerda que «los sistemas de fomento al cine son una parte esencial de la recuperación económica de esta industria». Luego, como los documentalistas argentinos a fines de agosto, el también productor cinematográfico cuestiona el informe que el Observatorio Audiovisual del INCAA elaboró con datos del primer semestre de 2019:

«(Sus autores sostienen que) hubo 116 estrenos nacionales, con 56 ficciones y 60 documentales, y que se destinó apoyo a 581 proyectos en toda la línea de fomento del Instituto, mezclando confusamente proyectos de desarrollo de guion, videojuegos, cortometrajes, largometrajes. En cambio no explican que se está produciendo en condiciones cada vez peores y que el propio Instituto es el responsable de la pauperización de dichas condiciones».

Por otra parte, Rovito arremete contra la dilación de los llamados a concurso, contra la falta de nombramiento de los jurados o comités de selección*, contra los prolongados tiempos burocráticos que se extienden entre la presentación de los proyectos a concurso y el otorgamiento de los premios correspondientes. Si a estos le sumamos la velocidad de la devaluación, «los presupuestos quedan rápidamente obsoletos», insiste.

Pablo Rovito, autor del capítulo sobre cine que se extiende entre las páginas 25 y 34.

Del mercado de distribución y exhibición de películas, el ex rector de la ENERC subraya su carácter oligopólico. «Unas pocas empresas deciden qué se ve en todas las salas del país. La oferta y la demanda están definidas, no por la relación entre productores y consumidores, sino por el sistema de selección de películas en salas». Los espectadores no eligen realmente qué ver; en todo caso optan entre lo que les acercan distribuidores y exhibidores.

Más allá de algunos rumores periodísticos, todavía se desconoce quién será secretario o ministro de Cultura y quién presidirá el INCAA bajo el mandato del recién electo Alberto Fernández. Ojalá los candidatos a esos cargos cuenten con alguien que les acerque el documento elaborado por el Centro Universitario de las Industrias Culturales Argentinas de la UNDAV: en ese caso harán bien en leer no sólo el capítulo consagrado al cine, sino la presentación redactada por el director del CUICA y decano de la Facultad de Humanidades y Artes, Rodolfo Hamawi; la investigación de Julio Villarino e Irene Grinberg sobre el triple ajuste a la cultura y los límites de la sustitución digital; los apartados dedicados a la industria editorial (por Nicolás Sticotti) y músical (por Diego Zapico), a los videojuegos (por Bernardo Mallaina y Pablo Palacios), a las artes escénicas (por Paula Brusca y Cristian Palacios).

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* Pocos días después de la publicación de este informe, las distintas asociaciones que nuclean a los documentalistas de Argentina convocaron a una nueva movilización a la sede del INCAA, esta vez para exigir el nombramiento de Comités de Evaluación de Proyectos Documentales.

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