La política comunicacional de Macri, bajo la lupa de la CIDH

 “Una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del Presidente” dijo el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad apenas asumió el cargo que le asignó el Presidente Macri. La declaración anticipó la decisión de modificar las leyes Nº 26.522 y N° 27.078.
“Una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del Presidente” dijo el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad apenas asumió el cargo. La declaración anticipó la decisión de derogar artículos enteros de las leyes Nº 26.522 y N° 27.078.

Para pasado mañana a las 10, hora local, está programada la audiencia pública que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a pedido de las entidades que acusan al gobierno de Mauricio Macri de incumplir el compromiso que la Argentina asumió con los estándares internacionales de libertad de expresión. El encuentro formal tendrá lugar en Washington, durará alrededor de una hora y se transmitirá en vivo: vía streaming y en diversos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, será en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación: Rivadavia 1865, subsuelo del anexo A.

Con el respaldo de la Defensoría del Público, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) solicitaron esta audiencia meses atrás para protestar contra las medidas que nuestro actual Presidente tomó en materia de comunicación pública escasas semanas después de haber asumido el cargo. En este punto cabe recordar que, entre fines de diciembre y principios de enero pasado, Macri aprovechó el habitual receso veraniego del Congreso de la Nación para modificar por decreto de necesidad y urgencia las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (N° 26.522) y Argentina Digital (N° 27.078), que el Poder Legislativo sancionó en octubre de 2009 y diciembre de 2014 respectivamente.

Mediante esta alteración, el Poder Ejecutivo Nacional derogó los límites a la transferencia de licencias así como las obligaciones que las televisoras de cable debían cumplir en cuanto a señales locales y grillas de programación. A través del Decreto Nº 267/15, el PEN disolvió la AFSCA y la AFTIC -organismos reguladores con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias, del ámbito académico, de medios comunitarios y de trabajadores- y los reemplazó por el ENACOM, que comenzó a funcionar con directores nombrados y destituibles a dedo.

El CELS y la CCD también pretenden advertir sobre dos grandes riesgos. El primero, que ciertas fusiones corporativas y el cierre de pequeñas empresas provoquen la pérdida de hasta cincuenta mil puestos de trabajo. El segundo, que el incremento de la cartelización del sector audiovisual y de las TIC encarezca las tarifas de conexiones y abonos.

Además del CELS y la CCD, son denunciantes -o peticionarios en la jerga de la CIDH- las universidades nacionales de Lanús (UNLa) y de las Artes (UNA), la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (RedCom), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (RRULAC), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas (ARUNA), el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), Músicos Argentinos Convocados entre otras entidades. En representación de estos colectivos viajarán a Washington Horacio Verbitsky (CELS), Damián Loreti (AMARC-CELS), Martín Becerra (UNQui), Osvaldo Francés (ARBIA), Ana Jaramillo (UNLa), Daniel Badenes (RedCom), Néstor Busso (FARCO-ALER) y Oscar Nocetti (CPE de Santa Rosa, La Pampa).

La CIDH también citó a representantes de nuestro Estado nacional. Según este artículo que Ailín Bullentini publicó el domingo pasado en el diario Página/12, existe la posibilidad de que acuda a la cita el presidente del mencionado ENACOM, Miguel de Godoy. Sean quienes fueren, estos funcionarios deberán fundamentar la necesidad y urgencia del mencionado Decreto Nº 267/15 y refutar las acusaciones de extralimitación en el ejercicio gubernamental y de vulneración del derecho ciudadano a una comunicación plural y entendida como bien público.

Otros rostros visibles de la política comunicacional de la alianza Cambienos: Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina y Miguel de Godoy, titular del ENACOM.
Otros dos rostros visibles de la política comunicacional de la alianza presidencial Cambiemos: Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y Miguel de Godoy, titular del ENACOM.

Consultada por la misma Bullentini, la presidenta de FARCO explicó que esta Comisión de la Organización de Estados Americanos no puede sancionar a la Argentina porque no es un organismo judicial (a no confundirla con la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Hecha la aclaración, Mariela Pugliese se mostró confiada en que la CIDH le llamará la atención al gobierno argentino cuando constate que los decretos de diciembre y enero violaron “los estándares sobre libertad de expresión y comunicación democrática de la OEA e incluso de la ONU, a los que el país adscribió”.

Las formalidades de la audiencia programada para el próximo viernes 8 de abril en el salón Padhila Vidal se parecerán a las de aquélla que tuvo lugar el 1° de noviembre de 2013. En aquella oportunidad, los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá y el director ejecutivo de la Asociación Civil por los Derechos Civiles Torcuato Sozio acusaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de hostigar a los medios opositores y a sus empleados. Se encuentra disponible aquí el interesante registro audiovisual del encuentro que tuvo lugar hace dos años y medio en el salón Rubén Darío de la misma sede en Washington.

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Actualización de las 10:56
La Coalición por una Comunicación Democrática acaba de informar a través de este comunicado que la alianza Cambiemos “activó un procedimiento para darle aval parlamentario al Decreto N° 267/15”. Se trata de una sesión especial que tendrá lugar en el transcurso de la jornada, y cuya orden del día incluye el tratamiento de dicho DNU.

Según consta en la agenda que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación publica en su sitio web, la sesión está programada para las 11.30 y fue convocada por el diputado Mario Negri “entre otros”. La CCD solicitó “a los legisladores nacionales de todas las pertenencias políticas” que se abstengan “de convalidar una medida que avasalla al propio fuero parlamentario y que no resiste ningún control de constitucionalidad”.

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Contenidos complementarios
– Encuentro de comunicadores contra el discurso dominante
– Va a estar buena la Argentina
– Renovación de votos
 Nueva Ley de Radiodifusión. Invitación al debate
 Nueva Ley de Radiodifusión. Dimes y diretes (falsos)
– Sobre la (verdadera) libertad de conciencia (periodística)
– El relato mediático, ese campo de batalla
– ¡Magdalena, más rigurosidad!
– Mauricio Macri, protégé mediático

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María Bertoni

Nací en la Ciudad de Buenos Aires, el 13 de septiembre de 1972. Trabajo en el ámbito de la comunicación institucional y de vez en cuando redacto, edito, traduzco textos por encargo. Descubrí la blogósfera en 2004.

2 thoughts on “La política comunicacional de Macri, bajo la lupa de la CIDH

  1. El oficialismo en su dos vertientes (amarilla y massista) convalidó el dnu que destruyó la 26522. Estará contento el Milico * Aguad, nuestro ministro de comunicaciones que predijo que en el futuro se podrán adjuntar imágenes por correo electrónico.

    Un día triste… esperemos que la CIDH se exprese de manera acorde a la situación.

    saludos

    *: apodado así aquí en Cóedoba hasta por sus correligionarios por su estrechos vínculos con Menéndez y cía hasta bien entrados los 90. Puede parecer que me voy por las ramas pero quizás no sea tan así

  2. Día tristísimo, JC. Llevo horas tratando de redactar el post sobre la sesión especial que tuvo lugar esta tarde en la Cámara de Diputados, y que terminó con la validación mencionada. Hoy, los legisladores que ratificaron el DNU Nº 267/15 también respaldaron la célebre declaración del Milico Aguad: “Una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del Presidente”.

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