El limbo existe: queda en Texas

Carecen de derechos ciudadanos los niños que nacieron en suelo texano, y que el Departamento de Salud estatal se negó a inscribir.
Carecen de derechos ciudadanos los niños que el Departamento de Salud de Texas se negó a inscribir.

Según informó este diario regional a principios de septiembre, el juez de Distrito Robert Pitman resolverá pasado mañana si da a lugar al reclamo de un grupo de inmigrantes indocumentados cuyos hijos nacieron recientemente en Texas, y sin embargo carecen del certificado de nacimiento correspondiente porque el Estado provincial se lo negó. La demanda presentada por unas treinta familias de origen mexicano, hondureño y guatemalteco que viven en USA hace al menos diez años invoca la cláusula sobre ciudadanía que figura en la 14ª enmienda de la Constitución de ese país. El Departamento de Salud del estado sureño, órgano responsable de expedir el documento en cuestión, se ampara en presuntos cambios normativos para justificar una conducta xenófoba afín al fenómeno de derechización que Noam Chomsky señaló días atrás en Nueva York.

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado donde residen» reza la cláusula constitucional que Donald Trump, Ted Cruz y otros pre-candidatos presidenciales por el Partido Republicano piden revisar. En este artículo que The New Yorker publicó semanas atrás, Amy Davidson transcribió algunas declaraciones de esos postulantes sobre los denominados ‘anchor-babies‘ o, en castellano, bebés-ancla que los inmigrantes usan para fijarse en tierras del Tío Sam y, por supuesto, para sacarles todo el provecho posible.

«Es repugnante lo que le ocurre a nuestro país: somos un basural para el resto del mundo”, dijo el verborrágico Trump, justamente en Dallas. Su contrincante Jeb Bush arremetió contra la «gente asiática que tiene hijos de manera organizada para sacarle ventaja a un concepto noble como el derecho a la ciudadanía por nacimiento». Según el otro vástago de George Sr., «esos bebés son parte de un fraude».

La demanda a la espera del pronunciamiento del juez Pitman fue presentada en mayo de este año pero recién empezó a tomar estado público a partir de agosto. Entre otros medios de alcance nacional, la CNN y The New York Times se hicieron eco –aquí y aquí– del reclamo judicial y de las explicaciones del Departamento de Salud texano sobre la papeleta que todo progenitor debe tener en regla para certificar sin inconvenientes el nacimiento de su hijo.

El periodismo también informó sobre la intervención de México en apoyo a las familias demandantes. A través de un comunicado oficial, el Estado azteca utilizó la expresión «naciones amigas» y recordó la historia en común que avala el reconocimiento del pasaporte y documentos similares para facilitar la identificación de los ciudadanos vecinos.

En este otro artículo que publicó The New Yorker, Jonathan Blitzer contó que Texas y otros 25 estados se presentaron a fines de 2014 ante la Justicia federal para exigirle al Gobierno nacional que «detenga» y «desmantele» el programa Deferred Action for Parents of Americans (DAPA). Barack Obama impulsó esta ‘Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses’ con miras a proteger del peligro de detención y deportación a los inmigrantes indocumentados con hijos nacidos en suelo norteamericano.

Cuando entre en vigencia, el programa sólo les ofrecerá amparo a los sinpapeles capaces de probar de manera fehaciente la ciudadanía estadounidense de sus hijos, cosa imposible sin el certificado de nacimiento correspondiente. En este punto, Blitzer recuerda que, dos semanas después de la promulgación presidencial de la DAPA, el Procurador General de Texas protestó formalmente. A la hora de justificar su postura, dijo que ésa es la única reacción lógica, «no a una política migratoria en particular, sino a una manera de entender el Estado de Derecho».

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