Digestión de noticias bolivianas, a contramano del sentido común

Escasa atención les prestó el periodismo argentino a dos noticias provenientes de Bolivia que días atrás ocuparon espacio (discreto, eso sí) en la agenda mediática de otras naciones hispanófonas. En términos más precisos, se trata de dos anuncios oficiales: el primero, que la Unesco declaró libre de analfabetismo al país que gobierna Evo Morales y el segundo, la aprobación de la Ley 548 (Código ‘Niño, Niña y Adolescente’) que, entre otras cuestiones, regula el trabajo infantil. A contramano del sentido común que suele arrogarse nuestra opinión pública, algunos lectores consideramos que ambas son buenas nuevas.

El anuncio de la declaración de la Unesco es más sinuoso de lo que a priori parece. Por lo pronto, mientras el organismo internacional todavía no se pronunció oficialmente (al menos no a través de la sección Prensa de su sitio web), el viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, dijo el jueves pasado –aquí, la cobertura de La Razón- que «la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura validó la tasa de 3,8% de iletrados, que declara a Bolivia Estado libre de analfabetismo».

Más atento a las acciones y dichos del Gobierno que su colega La Razón, el diario Cambio amplió (aquí) las declaraciones de Aguirre, que en realidad citó consideraciones de la directora general de la Unesco, Irina Bokova, hechas «un mes atrás». Buscamos más datos y encontramos esta nota de Página Siete donde consta que, cuando estuvo en Bolivia a mediados de junio, la funcionaria «resató las políticas educativas inclusivas» de la gestión de Evo.

En aquella oportunidad, el ministro de Educación Roberto Aguilar explicó al pasar que la Unesco «acreditó en 2008 la condición de país libre de analfabetismo». Nos trasladamos entonces a ese año y nos topamos con este artículo de la BBC y con este otro de El Mundo de España: ambos informan sobre los festejos organizados al término de un programa de alfabetización que en «33 meses» redujo el índice de analfabetismo del 15% o 13% (según las distintas fuentes) a menos del 4%, «cifra suficiente para declarar al país libre de iletrados».

La BBC contó que el entonces director regional de la Unesco, Edouard Matoko, viajó a Cochabamba para participar del acto en cuestión. En ese mismo contexto, el funcionario sostuvo que su visita representaba el reconocimiento del organismo de la ONU a «los esfuerzos del gobierno de Evo Morales» pero también explicó que la acreditación «libre de analfabetismo» tomaría «alrededor de un año», cuando terminara el «proceso de verificación».

En agosto pasado, el mencionado La Razón señaló (aquí) la contradicción entre el 3,77% de analfabetismo celebrado en 2008 y el 5,02% que arrojó el censo de 2012. Luego transcribió declaraciones de Aguirre: «Tenemos que ratificar la declaratoria de libre de analfabetismo y ya se hizo el análisis; calculamos alfabetizar por lo menos a 86.000 personas para bajar al 3,7%, la meta es hasta fines de diciembre, dentro de un plan de emergencia».

El primer anuncio de la semana pasada suena menos a la difusión de una buena nueva sin precedentes que a la respuesta tardía (pero respuesta al fin) a la -nada inocente- observación del periodismo opositor. En todo caso, más que la declaración informal de la Unesco, cabe celebrar que Bolivia mantenga una baja tasa de analfabetismo: aún cuando fuera del 5.02%, lo cierto es que disminuyó dos tercios en menos de tres años.

Los medios bolivianos y extranjeros -ya no sólo los hispanófonos- le dedicaron más espacio a la aprobación de la Ley 548, que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general y de aquéllos que trabajan en particular. En su mayoría, los periódicos redujeron la norma a la reglamentación del trabajo infantil, iniciativa que descalificaron para -de paso- desenmascarar la falsa sensibilidad social del gobierno de Morales.

«Bolivia, el país donde trabajan los niños»… El título que L’Espresso de Italia eligió para su informe especial ilustra la hipocresía o (la ignorancia) de quienes reaccionan ante esta noticia, primero, como si el trabajo infantil fuera un problema exclusivo de ese país y, segundo, como si no existiera relación entre trabajo infantil y vacíos legales acordes.

Quienes coincidan con la definición sesgada de L’Espresso harán bien en leer este otro artículo de la BBC y enterarse de que Bolivia también es el (¿único?) país donde los chicos trabajadores tienen su representación sindical, la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia o Unatsbo. Es igualmente recomendable la lectura de este viejo cable de la Agenzia Fides que explica que Bolivia es el (¿único?) país con una Constitución (la de 2009) que prohíbe con todas las letras -a través del artículo 61- «el trabajo forzoso y la explotación infantil».

El día de la promulgación de la Ley 548, el vicepresidente de la Nación Álvaro García Linera se refirió a la dificultad de elaborarla «porque existe un conjunto de convenios internacionales que el Estado ha firmado (…) y existe una realidad boliviana, una forma propia de lo que es el trabajo y la situación de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país”. El reconocimiento de este contraste entre contextos global y local debería ser condición sine qua non para analizar y discutir una iniciativa irreductible a títulos burda y maliciosamente simplificadores como «Bolivia autoriza el trabajo infantil desde los diez años» (en boca -otra vez- de La Razón).

A diferencia de la prensa argentina que subestimó ambos anuncios, a diferencia de la prensa boliviana y la de otros países que los presentaron por separado, Espectadores invita a relacionar la regulación del trabajo infantil con el avance alfabetizador. Juntas, estas noticias se convierten en resultados alentadores de una gestión política empecinada en ponerles fin a siglos de explotación y en tratar de garantizarle una vida digna a toda la población. Resulta imposible no celebrarlos, con perdón de los inequívocos portadores de cierto sentido común.

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PD
. Gracias por los datos, Aberel. 😉

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