Dos aportes para la discusión sobre sindicalización policial

La discusión sobre la conveniencia o necesidad de sindicalizar a las fuerzas de seguridad estatal recuperó espacio en nuestras agendas mediática y política a raíz de la serie de protestas policiales y de los consecuentes saqueos registrados en distintas localidades de la Argentina. Ayer nomás, el diario Clarín se refirió a la apertura de «un debate en el Gobierno» y señaló la diferencia de opiniones en el seno del Poder Ejecutivo nacional, concretamente entre el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ministro de Justicia Julio Alak por un lado y la flamante ministro de Seguridad María Cecilia Rodríguez por el otro: mientras los primeros les niegan a los agentes armados el derecho a sindicalizarse (justamente porque portan armas), la segunda prefiere convocar a todo el arco político para iniciar un debate.

El mismo artículo de Daniel Santoro recuerda que el diputado de Unión Popular Víctor De Gennaro presentó el año pasado el proyecto 7682/D (cuya síntesis figura aquí) para reformar la Ley de Asociaciones Sindicales y permitir la sindicalización de los policías y otras fuerzas de seguridad. Consultado por el periodista, el actual legislador y ex líder de la CTA aclaró que «no hace falta una ley especial» porque basta con reconocerles a estos agentes estatales el derecho de sindicalización que contempla el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. También explicó que «una cosa es permitir la creación de gremios y otra es autorizar el derecho de huelga». En otras palabras, no se trata de auspiciar huelgas de armas caídas sino de emular a otros gremios (de la salud por ejemplo) que también constituyen un servicio público y por lo tanto tienen la obligación legal de mantener guardias (en los hospitales por ejemplo).

El tema de la sindicalización de las fuerzas de seguridad provoca desacuerdos no sólo en el seno del gobierno nacional sino en el ámbito provincial. Así lo consigna este informe de octubre de 2012 a propósito del tratamiento de la sindicalización policial en las Legislaturas bonaerense y santafesina.

En este artículo que InfoNews publicó el jueves pasado, Ana Vainman citó al ministro de Trabajo Carlos Tomada que, en conversación con Radio América, explicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dejó librada a cada país la decision de sindicalizar a las fuerzas de seguridad, y que la ley argentina no se pronuncia al respecto. El hecho es que ninguna fuerza de seguridad tiene personería gremial en nuestro territorio y que la cartera laboral rechazó todas las solicitudes de inscripción presentadas hasta el momento con el siguiente argumento: «La tarea de seguridad que la Ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato».

Fiel a cierta costumbre editorial, Espectadores recomienda la lectura de La cuestión criminal para contribuir a la profundización de debates como el aquí comentado. En esta oportunidad, el blog se permite transcribir las apreciaciones que el autor, penalista y miembro de nuestra Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni le dedica al tema sobre todo en el capítulo 25 de aquella vigentísima obra publicada en 2011.

La criminología cautelar debe prestar especial atención a las policías, que en nuestra región padecen diferentes grados de deterioro que será menester diagnosticar para emprender un proceso de reconstrucción institucional. El investigador deberá desdramatizar muchas situaciones, porque el oncólogo que se desmaya cuando mira la radiografía no sirve. Lo hecho, hecho está: las policías se encuentra en buena medida autonomizadas; se han consentido ámbitos de recaudación. Con escándalo y reacciones espasmódicas y contradictorias nada puede resolverse, sin un previo análisis de la realidad y una táctica de rectificación adecuada.

Salvo los casos intolerables, no se trata de imputar a personas, pues éstas se formaron en instituciones que la política descuidó durante muchas décadas. Los deterioros tienen causas estructurales que son a las que se debe apuntar. En principio, no todas las policías de la región padecen el mismo grado de deterioro, lo que ni siquiera sucede con todas las de un mismo país, en particular si se trata de un país extenso y federal. Por ende, debe analizarse cada caso y proceder a detallados diagnósticos particulares antes de tomar cualquier medida, especialmente porque la función policial no puede detenerse: es una nave que debe repararse en navegación, con todos los problemas que eso implica.

Dos deben ser los objetivos para eliminar la recaudación autónoma: las formas de compensación legal antes de obturar los canales de recaudación ilegales y procurar la distribución equitativa de los nuevos beneficios legales. En este sentido, no cabe duda de que la sindicalización del personal policial puede aportar soluciones más igualitarias. Debe tenerse en cuenta que los nuevos beneficios no pueden limitarse a mayores emolumentos, sino a un general cuidado de las condiciones laborales, sanitarias, asistenciales, previsionales, etc., lo cual requiere un interlocutor que sea expresión de todo el personal.

En la actualidad, la policía todoterreno tiende a desaparecer, reemplazada por policías especializados conforme a las diferentes funciones y, sobre todo, a la distinción entre la función de seguridad pública y de investigación criminal. La tecnificación policial no obedece sólo a mayores conocimientos, sino también en la formación cívica e ideológica del personal. Si bien en toda institución debe primar un criterio pluralista, el límite son las ideologías incompatibles con la convivencia democrática y las garantías constitucionales.

El personal debe formarse de preferencia en las universidades y no ser por completo entrenado en ghettos profesionales. Esto permitirá abatir prejuicios absurdos y destruir estereotipos.

Por otra parte, el personal policial es muchas veces la más próxima representación del Estado que tiene el habitante, y a veces la única. Por lo tanto, debe tener un mínimo de entrenamiento para manejar la conflictividad cotidiana, aconsejar, orientar a la población, derivar los planteos a las diferentes agencias del Estado con capacidad para resolver. La comisaría, la escuela, el hospital y el municipio deben coordinarse, porque de eso depende que se resuelvan muchos conflictos que de otro modo pueden volverse violentos e incluso costar vidas humanas.

Los cuerpos policiales no deben ser demasiado numerosos, pues cantidades tan excesivas (que en algunos países superan aquéllas de las fuerzas armadas) dificultan en extremo toda posibilidad de control. Debe suprimirse la pura meritocracia estadística, que deriva en prácticas viciadas. El control de la calidad del servicio debe ser valorado conforme a criterios de eficacia preventiva y no de pura cifra. En definitiva, si en un circuito policial no sucede nada grave, es natural que tampoco haya un número elevado de procedimientos. La regla de oro debe ser la menor molestia posible a la población.

Con lentitud pero sin pausa debe pensarse en una aproximación al modelo comunitario, es decir, a una policía con inserción barrial, municipal, local, porque para la prevención es fundamental la imagen pública de la policía y ésta se construye localmente: genera confianza con su actuar y su buena inserción en el medio. Aunque la elección popular de los jefes policiales no es muy imaginable en nuestros países, no estaría de más pensar en consultas locales acerca de la evaluación pública de las policías y en consejos de vecinos, puntos de encuentro con instituciones públicas y privadas, ONG locales.

Es altamente recomendable que la criminología cautelar reúna los datos sobre cada organización policial en forma de survey, valiéndose de todos los medios técnicamente conocidos: documentos e información oficial, entrevistas anónimas con personal subalterno, con las cúpulas, las víctimas de delitos, las personas que hayan sufrido detención, la población, análisis de los sueldos para establecer si ha habido deterioros en cuanto a la capacidad real de compra, análisis de las sanciones y de las bajas, entrevistas con personal retirado, etc. Sólo después de obtener este survey sería prudente ensayar una táctica de transformación con menores riesgos.

Toda modificación de las condiciones laborales debe explicarse muy claramente a todo el personal. De lo contrario, se corre el riesgo de que las cúpulas o algunos grupos internos hagan correr versiones alarmistas o rumores apocalípticos con el objeto de generar malestar y resistencia.

La operatividad del sistema penal cambiará fundamentalmente con la modificación de las estructuras de estas agencias, porque su extracción social y la proximidad al conflicto real la colocan en mucha mejor situación para comprender su naturaleza (no olvidemos que el movimiento de desmanicomialización lo impulsaron los enfermeros). En contra del prejuicio corriente, las opiniones concretas del personal policial son con frecuencia mucho más cautelares que las que provienen de los integrantes de los otros segmentos del sistema, que guardan una considerable distancia de la realidad conflictiva».

A modo de segundo aporte, Espectadores invita a echarle un vistazo a Francia, cuya policía se encuentra sindicalizada (no así el Ejército). Salvando las diferencias entre las trayectorias de aquel país y el nuestro, el antecedente resulta interesante en tanto y en cuanto desmiente la aparente universalidad del principio por el cual la sola portación de armas sería motivo suficiente para prohibir la sindicalización de todas las fuerzas de seguridad.

Según esta síntesis publicada en la versión gala de Wikipedia (los interesados en información más detallada pueden consultar esta extensa crónica), los policías franceses consiguieron sindicalizarse a fines de la Segunda Guerra Mundial «tras haber sorteado las distintas peripecias de la primera mitad del siglo XX». La adhesión es alta (tres de cada cuatro agentes están afiliados) y se encuentra diversificada: algunas organizaciones convocan por jerarquía (así cabos, oficiales, comisarios cuentan con sus propios espacios); otras por ideología (más bien de derecha; más bien de izquierda); otras por pertenencia geográfica; incluso los agentes uniformados y aquéllos de civil se agruparon por separado hasta 1995.

Este artículo periodístico sobre la «crisis abierta» que el sindicalismo policial galo habría transitado a fines del año pasado señala la existencia de siete sindicatos, entre los cuales tres convocan a la mayoría de los afiliados. El diario en cuestión consigna que «cerca del 80% de los 143 mil funcionarios de la Policía nacional se encuentra sindicado contra el 8% promedio de los demás trabajadores franceses». Según estadísticas derivadas de las elecciones gremiales de 2010, «la unión SGP-Unité-Police (más bien de izquierda) reúne al 48% de los efectivos, Alliance (de derecha) al 37% y la UNSA-Police (de izquierda, con mayoría de integrantes pertenecientes a las Compañías Republicanas de Seguridad, una suerte de brigada especial más conocida por sus siglas CRS), al 10%.

El autor de la nota, Boris Marchal, cita a un sociólogo y especialista en cuestiones policiales para explicar la alta tasa de sindicalización. Por un lado, «la policía necesita contención frente a las dificultades que implica el ejercicio de su profesión». Por otro lado, incide el rol institucional que juegan los sindicatos: «Las elecciones gremiales designan a representantes que co-gestionan con la administración la carrera de los agentes, su afectación, su promoción. Por consiguiente, los afiliados tiene motivaciones tanto colectivas como personales».

Esta página oficial de la administración francesa advierte que el Estado le niega el derecho de huelga al personal de los servicios activos de la policía nacional, a los miembros de las mencionadas CRS, a los militares entre otras categorías de agentes públicos. Sin dudas, la información lleva agua al molino del diputado De Gennaro.

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