Estafas en nombre de AMUPECITE. Convocatoria policial a ciudadanos damnificados

Por disposicion de la Fiscalía de Instrucción n° 16 a cargo del Dr. Carlos Mariano Donoso Castex, por ante la Secretaría de la Dra. Ileana Mariela Schygiel y en relación con la causa n° 11043/12 caratulada “NN S/Estafa Dam: Suárez, Adrián Alberto”, se solicita a las personas que hayan resultado damnificadas en la causa que se investiga a concurrir a la División Investigaciones Federales de Crimen Organizado (DIFOC) de la Policía Federal a los fines de prestar declaracion testimonial. Dicha dependencia se encuentra sita en la calle Gurruchaga 2473 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El teléfono es 4832-3824/9116.

Parte de la documentación apócrifa publicada en el post de abril de 2010.

Éste es el mensaje que la mencionada DIFOC dejó ayer en el post que Espectadores le dedicó en abril de 2010 a la estafa en nombre de AMUPECITE y del Comisario Inspector (R) José Mariano Guaraglia entre otros alias. Esta mañana quien suscribe se comunicó telefónicamente con la fiscalía en cuestión y confirmó la veracidad de la convocatoria policial.

En el transcurso de estos tres años, continúa en aumento la cantidad de personas engañadas a partir de un pedido de colaboración económica para una institución que según el verso es la “filial mutual al servicio del personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” o la “Asociación Mutual del Personal Civil del Estado” vinculada con la AFIP. El falso organismo tiene una dirección de correo electrónico y un sitio web que sigue en construcción desde 2010, pero no figura en esta lista online de mutuales que publica el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El post de Espectadores es uno de los más visitados del blog y reúne más de cien comentarios de compatriotas contactados por los estafadores. Al momento de redactarlo, su autora se quejó de la apatía/indolencia de los policías de la Comisaría 53, por lo pronto de quienes el sábado 3 de abril de 2010 atendieron a una ciudadana engañada.

Para estos funcionarios públicos, el relato de la damnificada (el mismo transcripto en el texto) y la presentación de pruebas (documentación apócrifa cuyas fotos ilustran la entrada de ese entonces) no ameritaban la radicación de una denuncia, mucho menos el inicio de una investigación. Los uniformados explicaron que quienes caen en una trampa de estas características y abonan la colaboración solicitada no pueden considerarse víctimas de un delito, dado que pagaron por voluntad propia.