Comprate una picana. El negocio de la inseguridad y su merchandising

Algunos usuarios de Mercado Libre se sorprenderán ante la oferta de linternas y celulares falsos que en realidad son… picanas eléctricas. «Este producto no es un juguete» advierte uno de los avisos publicitarios, que además informa sobre la «gran potencia» de 1200 kv y por lo tanto recomienda «usarlo responsablemente». La promoción asegura que el chiche es «ideal para defensa personal»; la apariencia inofensiva también lo convierte en «ideal para uso cotidiano».

La frutilla de la torta es el apartado con los «distintos efectos» de la descarga: entre ellos, el estado de shock y la pérdida de control de esfínteres. También impresiona la aclaración técnica de que «la corriente puede traspasar todo tipo de ropa, incluido el cuero».

Lamentablemente el Registro Nacional de Armas no consigna en su archivo normativo digital el decreto 1039/89. De lo contrario los ciudadanos argentinos podríamos acceder con facilidad al documento que, según el Manual Registral RENAR (MAR), establece las «pautas y obligaciones para la tenencia y comercialización de armas electrónicas defensivas».

A lo sumo, el sitio web del organismo estatal distingue –en la página dedicada a la clasificación de las armas de fuego– entre los dispositivos «de uso civil (…) que producen efectos pasajeros en el cuerpo humano y sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento» y aquéllos «de guerra» cuyo uso está prohibido por letales. En este punto el RENAR cita un segundo decreto, el 395/75.

Algún compatriota señalará que en el campo se usa, a veces a regañadientes, picanas para ganado (también denominadas «arreadores eléctricos«) y argumentará que la venta libre de estos dispositivos impide evitar otro tipo de uso (contra la inseguridad y en defensa propia, por ejemplo). Desde esta perspectiva, no tendría demasiado sentido regular ni prohibir la compra de los falsos teléfonos y linternas que integra la oferta online de Mercado Libre.

En cambio, más de un porteño recordará el escándalo que se produjo en 2010 cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compró pistolas eléctricas para la Policía Metropolitana. La polémica se inició a principio de ese año; en julio la jueza Andrea Danas resolvió la suspensión «definitiva» del uso de las Taser X26; luego la administración PRO apeló el fallo; y  en diciembre la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario lo ratificó.

¿Quizás este precedente judicial sirva para impulsar alguna acción legal que al menos regule la venta del merchandising (aquí, otros productos) diseñado para incrementar los ingresos del negocio de la inseguridad?