La cuestión criminal según Zaffaroni. Último fascículo

Hemos llegado al final. Les agradezco que me hayan seguido y acompañado. El camino ha sido largo, a veces triste, pero nunca pesimista. Son muchos los cadáveres anticipados que podemos evitar.

No es cuestión de deprimirse por los que ya fueron. Al contrario, se trata de esforzarse para que un día no haya más.

Así se despide Eugenio Raúl Zaffaroni de los lectores de La cuestión criminal. No obstante, recién mañana viernes Espectadores dará por concluida la síntesis digital que inició a principios de junio pasado y que hoy incorpora los párrafos principales del fascículo final. Mientras termina de editarse el verdadero epílogo (por llamarlo de alguna manera) de esta sección arraigada a nuestro blogroll, volvemos a anunciar la conversión de este compendio por entregas en libro a la venta a partir de diciembre próximo.

Ahora sí, los párrafos fundamentales del (tripartito) capítulo 26.
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Criminología cautelar y contención jurídica
Cuando el sistema penal se encuentra mínimamente equilibrado y en el marco de un discreto Estado de derecho, las agencias jurídicas (jueces, fiscales, abogados, auxiliares) ejercen un poder de contención. Del entrenamiento de estas agencias jurídicas se ocupan las agencias de reproducción ideológica: las facultades de Derecho, las universidades.

La criminología mediática tiende a debilitar el Estado de derecho. Extorsiona a las agencias jurídicas con la publicidad calumniosa que las acusa de encubrir chivos expiatorios. Suele sumársele el poder político cuando, en su camino a la autodestrucción, procura desviar la publicidad extorsiva hacia los jueces.

Tanto la publicidad como los políticos asustados se aprovechan de la indefensión de los operadores jurídicos, debida a la falta de medios y de entrenamiento comunicacional. Muchas veces, la agresión mediática y política condiciona acciones lesivas de la autonomía de los jueces y pronuncia sentencias por cuenta propia.

Ante estas agresiones, algunos operadores judiciales caen en racionalizaciones que los llevan a evitar la confrontación con la publicidad vindicativa y con los políticos. Por suerte es excepcional que la magistratura se monte en la publicidad mediática en pos del estrellato televisivo.

Sólo en ejemplos históricos extremos los operadores del poder jurídico de contención optan por abdicar de su función y en forma expresa adherir al poder masacrador, llegando al punto de dejar de ser jueces y fiscales. En cambio, es más habitual que las agencias jurídicas caigan en el vicio de la burocratización, y sólo cuiden su estabilidad laboral.

La propia academia puede favorecer la burocratización indiferentista con teorías normativas puras que permitan racionalizar la negación de la masacre súbita o por goteo, porque elaboran una teoría del conocimiento jurídico que deja fuera todo lo que no esté en la norma. Cualquier referencia a la realidad letal, la consideran lesiva de la pureza metodológica jurídica (o bien una consideración meramente política).

En el caso de la criminología mediática, la complacencia de los operadores jurídicos no les ofrece ninguna garantía, pues los instala como buenos candidatos a chivos expiatorios en cuanto se produzca un simple cambio de humor público. La condescendencia de los operadores jurídicos con las agencias ejecutivas se les vuelve en contra cuando éstas cometen alguna atrocidad inocultable, o simplemente si en el curso de una masacre por goteo ejecutan a alguien equivocado.

Estas consideraciones –y muchas otras– indican la necesidad de incorporar al horizonte de proyección de la criminología cautelar tanto el perfeccionamiento institucional del poder jurídico (grado de burocratización, selección y entrenamiento de los juristas, pluralismo ideológico en las agencias, independencia externa e interna) como el análisis crítico de los discursos jurídicos. Ambas tareas permitirán detectar los elementos inhibidores de la función contentora o integrantes de una técnica de neutralización de valores.

En los Estados de derecho no faltan agencias ejecutivas que imponen y ejecutan penas, sea con el pretexto de contravenciones, detenciones por averiguación de antecedentes o estados de peligrosidad. Por regla se defiende esta competencia como seguridad preventiva, pero en realidad se trata de ámbitos de recaudación autónoma que configuran limitados sistemas penales paralelos de difícil control.

Por la extrema selectividad con que actúan, estos sistemas paralelos limitados no afectan mayormente a la clase media, y por ende no tienen repercusión mediática ni académica. No obstante, son mucho más importantes como configuradores (en el sentido de Michel Foucault) que el propio sistema penal formal, debido a su inmediatez en lo cotidiano.

Una criminología cautelar debe investigar profundamente y con todas las técnicas de las ciencias sociales a los poderes judiciales. Es curioso señalar que ni siquiera hay historias de nuestros poderes judiciales, lo cual responde claramente a la imagen de aislamiento aséptico del marco político general donde cada etapa ha operado.

Neutralización del efecto reproductor de la comunicación
El mundo paranoico genera una banalización social de la violencia e incita a armarse a personas que jamás han manejado un arma. Dejando de lado el teratológico ejemplo de los Estados Unidos, lo cierto es que el número de muertes violentas guarda relación directa con el de armas existentes en una sociedad y con conflictos no vinculados a la vindicación paranoide, como violencia intrafamiliar, celotipia, muertes por disparos accidentales, homicidios encubiertos como disparos accidentales, muertes por error…

La extrema publicidad de los delitos y la afirmación machacona de una supuesta impunidad impacta también sobre personas con fragilidades, que procuran suicidios triangulares, buscan protagonismo mediático, se inclinan a pensar en una opción existencial violenta, sin contar con los débiles mentales, psicóticos, borderlines, etc. Es inevitable que se altere el juicio crítico de personas con diferentes grados de patologías e incluso de aquéllas en coyunturas afectivas o emocionales transitorias.

Si alguna vez nuestros gobiernos deciden impulsar la investigación de campo y disponemos de resultados verificables, podremos pensar la forma de entablar un diálogo responsable con las agencias mediáticas para evitar estos cadáveres, pero jamás por la vía de la censura, sino del autocontrol ético sobre base científica. Las faltas éticas en la comunicación no se resuelven con censura, sino con mayor comunicación.

En medio de la revolución comunicacional es urgente entrenar a los operadores del sistema penal y criminólogos para la comunicación social. Éste es el terreno donde deben actuar cada día más, y cuyo desconocimiento condena al fracaso toda empresa deconstructora del mundo paranoide.

La neutralización de prejuicios discriminatorios dista de ser sencilla porque, como es autoritario, el mundo paranoide tiende a unificar ideológicamente todos los discursos discriminatorios. El problema es que los discriminados no presentan un frente único, pues se dividen y compiten (“mi discriminación es la peor”, “mi genocidio tiene más muertos”), y para ser aceptados tratan de diferenciarse reeditando el discurso prejuicioso: “soy gordo pero no obeso”, “soy negro pero no azul”, “soy gay pero no afeminado”.

La lucha contra la discriminación lleva a una paradoja. A medida que los grupos de discriminados se organizan defensivamente, debilitan los prejuicios contra ellos y reducen sus riesgos de victimización. Pero al mismo tiempo van impulsando la candidatura a chivos expiatorios de los jóvenes y adolescentes de barrios precarios, porque son los grupos residuales más inestables y con casi nula capacidad de organización defensiva.

Por esta razón es inevitable que el criminólogo cautelar siempre sea un sujeto molesto. Deberá estar activo y militante contra toda discriminación o jerarquización humana, que es la base propulsora de las pulsiones de descontrol del poder punitivo.

La incógnita del crimen organizado
Ante todo creo que el “organized crime” es un pseudoconcepto, es decir, una suerte de bolsa cuyo contenido nadie conoce y -lo que es peor- cada uno le coloca todo lo que le parece o conviene. Invento periodístico, la expresión pasó luego a la criminología. Los políticos, legisladores y burócratas internacionales le echaron mano para sancionar leyes inquisitorias y firmar tratados internacionales dirigidos a un ámbito no bien determinado de la realidad.

En una economía mundial donde se configuran conglomerados de capitales, cuyos titulares no son conocidos e incluso proceden de fondos de pensiones u otras fuentes colectivas, el precio de los servicios ilícitos es alto y su prestación muy rentable. Como es natural en una economía de mercado, la prohibición con demanda rígida pasa a ser alquimia: convierte cualquier basura en oro.

Es claro que la criminalidad de mercado no puede operar sin la complicidad de algún nivel de las propias agencias del poder punitivo o, por decirlo de otra manera, mediante reparto de utilidades con facilitadores del servicio. Esto es inevitable, dado que todo aparato penal es muy vulnerable a la corrupción, y además porque las posibilidades de recaudación autónoma son muy altas en comparación con las que ofrece el delito común (o “desorganizado”).

En su afán por obtener renta rápida, los tecnócratas de las finanzas lícitas entran en contacto con las empresas ilícitas, al menos cuando la actividad es bastante grisácea, o sea, en los negocios lícitos en que éstas invierten el producto de su actividad ilícita. De ahí el serio riesgo de que la criminalidad de mercado se enrede muy profundo en las estructuras financieras.

Al mismo tiempo y con pretexto de este nebuloso concepto, la legislación represiva va instalando una peligrosa inquisición, que es fuente de nuevas recaudaciones autónomas.

No he hecho más que aplicar una lógica de mercado a la cuestión del llamado “organized crime“, sin apelar a ninguna teoría macro. Me limito a preguntar si estoy equivocado y deseo estarlo porque, de no ser así, creo que toda la política criminal frente a la criminalidad de mercado –además de masacradora– estaría llevándonos a una catástrofe mundial de consecuencias poco imaginables desde la perspectiva actual.

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La versión completa de este fascículo se encuentra aquí.

Publicado por

María Bertoni

Nací en la Ciudad de Buenos Aires, el 13 de septiembre de 1972. Trabajo en el ámbito de la comunicación institucional y de vez en cuando redacto, edito, traduzco textos por encargo. Descubrí la blogósfera en 2004.

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