El juez Zaffaroni en la mira

Evitémonos el tedio de viajar muy atrás en el tiempo. Retrocedamos apenas un mes y medio.

Segunda quincena de junio: se agota el plazo para definir las candidaturas nacionales que en octubre se disputarán la Presidencia de la Nación. El 21 de ese mes, Cristina Kirchner anuncia su intención de ir por la reelección y se toma cinco días para presentar públicamente a su compañero de fórmula, Amado Boudou.

Antes de ese domingo 26, más precisamente entre el 20 y el 23 de junio, los medios masivos se hacen eco de la amenaza de juicio político que la Coalición Cívica agita contra Eugenio Raúl Zaffaroni. En efecto, Fernando Iglesias, Patricia Bullrich y Lilita Carrió se basan en dos rumores para acusar al juez de la Corte Suprema de violar el principio de división de poderes: 1) el magistrado habría abrazado la carrera política y aceptado secundar a CFK en octubre; 2) el magistrado asesoraría al Gobierno K en un proyecto de reforma constitucional.

Algunos presentimos la caducidad de este amague destituyente cuando el mismo periodismo toma distancia de la santa indignación carriotista y señala discrepancias en el seno de la oposición. Así, los reparos del macrismo le restan cohesión a este primer atentado contra la figura de Zaffaroni.

Un mes y medio más tarde nos abrimos paso entre los comicios que nos acercan a octubre y, semanas antes de las elecciones primarias, la oposición encuentra una segunda oportunidad para -en esta ocasión sin demasiadas fisuras- reclamar la cabeza del ministro de la Corte Suprema: otra vez Perfil (y también Clarín y La Nación) se hace(n) eco de los pedidos de explicación (en boca de Eduardo Duhalde y Hermes Binner), de renuncia (por parte de Ricardo Alfonsín, Jorge Triaca, Ricardo Monner Sans), de juicio político (de nuevo Carrió) e incluso de un falso Twitt y de su posterior desmentida.

El contraataque se origina a fines de julio, a partir de la denuncia realizada por el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera. En el blog que esta ONG aloja en WordPress figura la transcripción de la presentación formal a cargo del abogado penalista y vicepresidente de la entidad, Mario Ganora, además de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve posts dedicados al tema (de lejos, el de mayor repercusión).

La réplica de títulos periodísticos como «El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, arrenda su departamento a un prostíbulo» o «El tercer/sexto departamento del juez Zaffaroni donde funciona un prostíbulo» acorta toda distancia entre el magistrado y el delito de proxenetismo. Ni el comunicado emitido por la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, ni la intervención de la titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, ni notas de opinión como ésta o ésta, ni por supuesto las declaraciones del propio juez alcanzan para amortiguar (mucho menos evitar) los daños provocados por una simplificación canalla.

Como de costumbre, los contenidos que refritan/actualizan/renuevan/estiran una misma información (en este caso la denuncia de La Alameda sobre «los prostíbulos a nombre de Zaffaroni» y la «enérgica» reacción de la oposición) copan los medios impresos y digitales e incluso las redes sociales. De esta manera, los otros discursos quedan relegados a un espacio reducido (por no decir residual) de la agenda pública.

Aquí no se trata de cuestionar o desmentir los datos que Vera y Ganora presentaron formalmente (la Justicia se encargará de llevar a cabo la investigación pertinente). Aquí se trata de señalar el verdadero sustento del escándalo político con trasfondo electoral: la sospecha de que el juez Zaffaroni está metido en el negocio ilegal de la prostitución.

Por acción u omisión, el magistrado sería cómplice de la trata de blancas. O bien autorizó el alquiler de sus propiedades a personas non sanctas, o bien entendió que sus arrendatarios e inquilinos no le hacen mal a nadie.

Curiosamente ni los medios masivos ni la oposición pueden probar cualquiera de estas dos hipótesis, así como en junio pasado tampoco pudieron demostrar que el juez de la Corte Suprema 1) se postularía como candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria; 2) asesoraría un proyecto de reforma constitucional con el secreto fin de eternizar la tiranía K.

En este artículo escrito para Miradas al Sur, Ricardo Ragendorfer se refiere al «asombroso viraje» que la Fundación Alameda habría hecho a partir de 2008, cuando «los objetivos de sus militantes se enrarecieron, al punto de haber incluido en su nómina de blancos a las trabajadoras sexuales independientes».

Según la misma nota, este «giro estratégico» respondería a la en ese momento incipiente vinculación con el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. «Lo cierto es que desde entonces -explica el periodista- esta ONG se transformó en una suerte de UCEP al servicio del Señor».

Al menos en Internet, cuesta encontrar información que corrobore lo expuesto por Ragendorfer. Sin embargo, llaman la atención los uno, dos, tres, cuatro posts que el blog de La Alameda le dedica a Bergoglio en menos de un año.

Evidentemente el escándalo en torno a la figura del Dr. Zaffaroni esconde intereses y relaciones que los ciudadanos comunes difícilmente podamos conocer. De ahí la importancia de mantener altas nuestras defensas contra las simplificaciones mediáticas, y sobre todo contra los idiotas útiles que las replican en detrimento de nuestra delicada estabilidad institucional.