El escándalo Schoklender y un incómodo silencio

Cuesta escribir sobre la estafa de Sergio Schoklender que salpica a la asociación Madres de Plaza de Mayo. Criticar la cobertura de los grandes medios es una perogrullada. Minimizar el escándalo con el argumento del delito común perpetrado por el apoderado de una ONG ofrece casi tantos flancos vulnerables como convertirlo en la apoteosis de la corrupción oficial.

En principio, reivindicar a las Madres resulta reiterativo en un blog que las homenajeó una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Sin embargo, la animosidad generalizada contra Hebe de Bonafini provoca ganas de por lo menos repudiar el doble discurso de una opinión pública que condena o disculpa exabruptos «ofensivos» y «violentos» según quien los profiera.

El escándalo Schoklender lleva diez días en el candelero mediático, y recién hoy Espectadores le dedica el presente texto elaborado un poco de a dos. De hecho, lo que sigue a continuación son algunas reflexiones que Jorge me envió por mail y que, con su permiso, me tomé el trabajo de transcribir.

En este viejo post de 2009 señalamos dos grandes ventajas de las organizaciones no gubernamentales por encima de los organismos públicos: 1) las ONG carecen de controles; 2) sus integrantes gozan de un prestigio siempre superior al de los funcionarios del Estado.

En otras palabras, cualquier poligriyo con buena prensa maneja millones sin control para un comedor infantil, mientras un funcionario municipal que brinda el mismo servicio despierta desconfianza. Aclaremos que, a diferencia del primero, el segundo debe presentar declaraciones de bienes y someterse a un sistema de licitaciones, controles y demás mecanismos de transparencia.

Ahora los periodistas se rasgan las vestiduras porque Schoklender se contrató a sí mismo y es dueño de la empresa que proveía las casas construidas con dinero público. Parecen ignorar que una fundación como Madres de Plaza de Mayo -igual que Caritas, Red Solidaria de Juan Carr o la cooperadora de cualquier colegio- no está sujeta al principio elemental de auditoría que exige licitar para justamente evitar que el contratador se autocontrate.

Las ONG pueden prescindir de esta formalidad; ninguna ley se la exige. Hasta parece natural porque en definitiva se trata de entidades de bien común. Y si el señor que recibe donaciones y fondos públicos para un comedor luego compra alimentos en su propio almacén, nadie pone el grito en el cielo.

¿Acaso va a licitar para encontrar proveedor? No. Eso es para controlar a los funcionarios públicos, que son chorros.

Dada esta realidad, las fundaciones son los sitios más aptos para percibir dinero del Estado y robar sin control. O por lo menos en estas instituciones pueden generarse situaciones de oscura ineficiencia que en las entidades gubernamentales se transparentarían enseguida.

El caso Schoklender es muy revelador en este sentido. Una organización de Derechos Humanos confía en una persona muy querida el manejo de millones y, cuando surge la estafa, se la explica como traición: no hay líneas de responsabilidad, controles cruzados, áreas de competencia, auditorías, nada.

Ahora bien, no cabe duda de que Hebe y las Madres son destinatarias de una campaña político-mediática que atenta no sólo contra ellas, sino contra el Gobierno en general y contra su política de DD.HH en particular. ¿Corresponde entonces limitarnos a repetir que Hebe no robó nada, que fue engañada, que las Madres son inocentes, que los pañuelos no se manchan y que Sergio Schoklender y su hermano Pablo tienen que ser juzgados?

Sobre el ahora ex apoderado, debemos señalar las denuncias por emisión de cheques sin fondo y de lavado de dinero que hace un año pesaban sobre él, y que Bonafini desestimó por considerarlas invento de una campaña sucia. Y aquí otra vez diferenciamos entre organismos públicos y no gubernamentales: si Hebe fuera titular de una entidad del Estado, ya habría sido procesada por asignarle funciones de CEO a alguien bajo sospecha judicial. El argumento de que lo quiere como a un hijo no la habría eximido de su falta.

Por otra parte, deberíamos reconocer un segundo doble estándar que también nos define como sociedad. De hecho, otro habría sido el cantar si un escándalo similar hubiera involucrado a la fundación del Toty Flores o al comedor Los Piletones de Margarita Barrientos (recordemos que el primero está ligado a Elisa Carrió y el segundo a Mauricio Macri).

Así como los grandes medios le habrían dado menos manija al asunto, también es muy probable que los detractores de la Coalición Cívica y del Pro habríamos reclamado la intervención de la entidad, la cancelación de los fondos asignados y la investigación del desempeño del titular de la ONG (si no fue cómplice, queda claro su fracaso como administrador).

De ser así, cuando volvemos al escándalo Schoklender se nos presenta un problema porque, por un lado, entendemos la necesidad de cerrar filas para proteger a las Madres, el programa Sueños compartidos, la política de DD.HH. Pero por otro lado no podemos dejar de cuestionar que Hebe reduzca todo a un simple «me estafaron», como si el dinero fuera de ella. ¿Sería mucho pedir que abandonara su cargo para preservar a la fundación? ¿Es un despropósito reclamar, en este caso también, la intervención estatal de la entidad?

Es lamentablemente cierto que estas preguntas y reflexiones pueden resultar funcionales a los escribas de Clarín, La Nación, Perfil. Por eso, ante el escándalo Shocklender, algunos guardamos un incómodo silencio.