Aplicación de dos varas y dos medidas para distintos padres «de corazón»

Meses atrás, un abogado compañero de trabajo se pronuncia en contra de la ley de extracción compulsiva de ADN, aplicable a los casos de presuntos hijos de desaparecidos que se niegan a conocer su verdadera identidad o a desmentir de manera científica su falsa condición de apropiados. Los argumentos básicos de este profesional del Derecho son tres: 1) la extracción compulsiva de datos genéticos criminaliza a posibles víctimas de un terrorismo de Estado perpetrado treinta años atrás; 2) el Estado vuelve a victimizar a adultos ya victimizados cuando fueron niños o bebés; 3) el Estado desconoce/viola el derecho de gente adulta a decidir si desea o no conocer/enfrentar tal o cual realidad, en este caso su historia personal y familiar.

Sin ánimo de discutir estos argumentos a mi juico inconsistentes, sí me permito resumir la tesis principal del abogado en cuestión: la ley de extracción compulsiva de ADN pone en peligro, cuando no destruye, la integridad psíquica de personas que en definitiva quieren -por eso defienden- a quienes los criaron. Desde este punto de vista, resulta prioritario preservar el vínculo de estos hijos con sus padres no biológicos sino «del corazón».

Aquí no importan antecedentes y circunstancias, aún cuando incluyan un delito de lesa humanidad como la estrategia u ocurrencia de aprovechar la desaparición forzada de personas para apropiarse de sus vástagos.

Días atrás, el mismo abogado se pronuncia en contra del proyecto de otorgarles a parejas homosexuales el derecho de adoptar chicos/hijos. Algunos de los argumentos esgrimidos son los siguientes: 1) la sociedad argentina no se encuentra preparada para tal cambio; 2) la sociedad argentina todavía sospecha que la crianza en una familia homoparental corrompe la psiquis de un niño; 3) hay que impedir que los chicos se conviertan en blanco fácil de estigmatización social por criarse en una familia homoparental.

Cuando a este abogado se le explica que ya existen niños criados en familias homoparentales, que algunos no son producto de uniones (heterosexuales) anteriores sino que fueron concebidos por una de las integrantes de la pareja (situación factible entre lesbianas), este profesional del Derecho no reconoce que la prohibición de adoptar le impide a la otra integrante de la pareja (aquélla que no gestó ni parió) la posibilidad de formalizar su vínculo con el chico. En cambio, sostiene con total seguridad que esa otra mujer no puede formalizar ningún vínculo porque ese vínculo no existe de hecho.

Curiosamente, a diferencia de lo esgrimido para descalificar la ley de extracción compulsiva de ADN, en su alegato contra la «adopción gay» el letrado sugiere que la maternidad/paternidad legítima se reduce al principio biológico. También destaca, ahora sí, la importancia de antecedentes y circunstancias: en este sentido, los reparos legales por ahora vigentes, la falta de madurez cívica y social, la escasa difusión (y conocimiento) de estudios con aval científico sobre niños criados en el seno de familias homparentales son razones de fuste para negarle prioridad -y reparación jurídica- al vínculo de estos otros hijos con padres «del corazón» en principio ilegítimos.

Asusta un poco que ¡nada menos que un abogado! no quiera o no sepa distinguir entre «apropiación» y «adopción», y por lo tanto no quiera o no sepa analizar el alcance, la gravedad de tamaña confusión conceptual. También causa temor que el mismo profesional niegue la existencia de una realidad (de un vínculo) sin reconocimiento formal y, por eso mismo, con legítimo derecho a una ley que -además de darle visibilidad- confirme la definición de paternidad como una responsabilidad irreductible al determinismo biológico.

¿Acaso todos los abogados de nuestro país ejercen su profesión aplicando dos varas y dos medidas según la ocasión? De ser así, compadezcamos nuestra suerte de ciudadanos sujetos a tanta desprotección en materia legal.