Sudacas, no empañen el Rally Dakar

Por Jorge Gómez
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El 2 de enero pasado, el conductor de una camioneta que participaba del Rally Dakar Argentina-Chile perdió el control del vehículo en una zona rural de Córdoba, ingresó a un campo luego de voltear el alambrado, y mató a Natalia Gallardo. La mujer de 28 años se encontraba dentro de la propiedad con su esposo e hija de 4 años que terminaron heridos junto a otras siete personas.

En condiciones normales, este homicidio culposo debería abrir un debate en torno al peligro de las carreras en circuitos montados sobre el espacio público y a las medidas de seguridad que toma la policía para evitar accidentes en los campos aledaños a la ruta. En principio, no se puede prohibir fácilmente la presencia y circulación de personas en estos terrenos.

Sin embargo, sólo hubo declaraciones de un funcionario de la Secretaría de Turismo de la Nación presentado como “coordinador” del evento. Según Leonardo Boto Álvarez (ése es su nombre), en la página web de la organización constaba que el sitio donde ocurrió el accidente no estaba habilitado para la asistencia de espectadores, y que un helicóptero encargado de vigilar el lugar ya lo había explicado dos horas antes del siniestro.

“Seguramente esa gente llegó después que el helicóptero”, especuló LBA.

Pretender inculpar al público porque no leyó la página de la empresa y porque desconocía la advertencia del helicóptero parece un chiste muy estúpido. Pero, más allá de este detalle, debemos señalar que las autoridades policiales y judiciales de Argentina brillan por su ausencia a la hora de controlar la seguridad de la competencia automovilística, y de encontrar a los responsables de la muerte de una persona arrollada en propiedad privada.

De hecho, en la misma línea de privilegiar el rally y desinteresarse por la vida humana, el fiscal que intervino en la causa Gallardo la archivó en 72 horas porque entendió que las ocho víctimas estaban en un lugar «no permitido», y que «cualquier persona puede razonablemente pensar que puede ocurrir lo que realmente ocurrió«.

Listo. Por ese razonamiento –apto para quien cruza la pista de un autódromo pero absurdo para vecinos de zonas rurales que miran una carrera desde atrás de un alambrado– el Estado se desentiende del cuidado de sus ciudadanos y les avisa a los miles de habitantes de los campos que ellos mismos –no la policía, ni las autoridades municipales, ni nadie– deberán buscar una conexión a Internet o escuchar al helicóptero contratado por la empresa organizadora de la carrera para evitar el riesgo de que alguno de estos modernos bólidos los arrase.

Al día siguiente de la muerte de Natalia, un niño fue atropellado en circunstancias similares, en Hortensia, partido de Carlos Casares. Pocos medios reportaron este otro accidente*.

Es que el periodismo patrio se conforma con adjudicarle toda la responsabilidad de estos siniestros al mal comportamiento del público, y con cerrar las crónicas comentando el número de muertos que provoca este Rally Dakar, como si se tratara de un récord más de la competencia.

El comportamiento cómplice de nuestros medios, tan investigadores y combativos en otros casos, seguro se debe al buen rating que genera este «desafío carretero», sobre todo fuera de Buenos Aires. También responde al trabajo de marketing de los organizadores del Rally que han convencido a nuestros tilingos comunicadores de su importancia universal. 

En definitiva, a este evento extraordinario –piensan mientras miran, embobados, las motos y camionetas 4×4- no puede empañarlo la muerte de algunos pobres sudacas que no consultan Internet a tiempo.

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* Esta filmación registró el accidente que provocó la internación del chico en cuestión, y prueba la desaprensión de quienes se encargan de la seguridad del Rally Dakar. Como puede verse, las víctimas de estos siniestros no son seres inadaptados que transgreden alguna valla. La carrera se desarrolla a metros de las personas congregadas y a nadie le importa: ni al piloto, ni a la policía, ni a los responsables del evento, ni a los medios de comunicación.

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Actualización del 8 de enero. Fe de erratas
Leonardo Boto Álvarez no es «funcionario de la Secretaría de Turismo de la Nación» como consignamos en el texto por error, sino secretario ejecutivo de InProTur, ente de capitales públicos y privados destinado a promover el turismo nacional y la marca Argentina. Coincidentemente el presidente de la compañía es Enrique Meyer, Secretario de Turismo de la Nación.