Ese afán por clausurar

La supuesta faja reparadoraLo dicen algunos compatriotas bromistas… Si en Argentina aumentara notablemente la cantidad de suicidas que se arrojan al vacío, el Gobierno de turno, cualquiera fuera su coloratura política, enviaría cuadrillas de inspectores a clausurar las ventanas ubicadas en los pisos altos.

Ironías al margen, algo de esto sucedió a principios de los ’90, cuando el escándalo de la mozzarella contaminada (desmemoriados, repasen aquí la noticia titulada «Pizza asesina») hizo que el juez Daniel Llermanos mandara a allanar/clausurar locales expendedores de comida sospechosa, y en 2005, cuando en respuesta a la tragedia de Cromañón, el Gobierno porteño inhabilitó/cerró frenéticamente pubs, discotecas, salones de actos que parecían contravenir las medidas de seguridad exigidas por la Ley.

Con estas reacciones impulsivas y rimbombantes, nuestra dirigencia pretende revertir, simular, reparar la desidia, la ligereza, la venalidad con las que suele ejercer su autoridad. En los antecedentes mencionados y en el caso detallado a continuación, cobra especial relevancia la función de control, que en un país serio es metódico, recurrente, probo, y por lo tanto eficiente.

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Entre agosto y diciembre del año pasado, el triple crimen cometido en General Rodríguez ocupó las primeras planas de los diarios argentinos. El protagonismo mediático se debió en parte a que las expresiones «ajuste de cuentas» y «mafia del narcotráfico» suelen causar sensación; en parte a que la existencia de la llamada «ruta de la efedrina» despertó suspicacias sobre la incompetencia -o peor aún, la connivencia- que afecta el accionar de los organismos gubernamentales encargados de controlar el tráfico (i)legal de fármacos y de velar por el bienestar de los ciudadanos.

Posiblemente por la polvareda levantada, el Ministerio de Salud Pública de la Nación reeditó el mecanismo de estímulo-respuesta que accionaron la Justicia bonaerense en 1991/2 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2005/6. De ahí la errática caza de brujas que la intervenida Dirección de Sanidad y Control de Fronteras inició en septiembre y octubre pasados contra las farmacias de la Capital Federal.

La Dirección a cargo de Ana Talco (abogada designada por la ministro Graciela Ocaña) reaccionó al escándalo de la efedrina aumentando la cantidad de inspecciones, reclamándoles idoneidad y severidad a los inspectores, erradicando la práctica de la coima, y exigiéndoles a los farmacéuticos toda práctica y documentación comercial en regla. El problema es que, con la excusa de optimizar el control estatal, nuestra dirigencia volvió a confundir «autoridad» con «abuso de autoridad», «celeridad» con «improvisación», «rigurosidad» con «arbitrariedad» y «justicia» con «castigo ejemplar».

A esta altura del partido, la Dirección de Sanidad y Control de Fronteras cometió tantas irregularidades como las que pretende penar. Por lo pronto, en febrero de 2009, sigue sin emitir dictamen sobre las farmacias que, por contravenciones detectadas, fueron clausuradas preventivamente entre septiembre y octubre de 2008*. Tampoco convoca a los farmacéuticos en falta, para que comparezcan ante las autoridades competentes y así puedan ejercer el derecho a réplica y/o descargo que nos asiste a los ciudadanos.

Llama la atención que los medios hayan desestimado -o directamente ignorado- una buena oportunidad para criticar la impericia del Gobierno actual y/o para erigirse en defensores de compatriotas que, hace más de cuatro meses, siguen privados de su fuente de trabajo, sin un dictamen, fallo o al menos una notificación oficial que justifique tal situación. Más curiosa aún es la actitud abúlica, desentendida del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (a lo mejor la explicación esté aquí).

En cambio, lo que no sorprende es la conducta de nuestra dirigencia, siempre dispuesta a clausurar ventanas para que los suicidas no se arrojen nunca más.

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* Según consta en el sitio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (también dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Nación), el artículo 4 del Decreto 341/92 indica que las clausuras preventivas de farmacias no pueden superar los 90 días (que conste que la normativa no habla de «días hábiles»). Por lo tanto, el hecho de que los cierres forzados se hayan extendido a más de 120 días es menos producto de la severidad que de cierta incompetencia (¿y/o impunidad?) ministerial.